La presentación analiza la evolución del concepto fiscal, desde el fiscus romano —asociado a la custodia del patrimonio del poder— hasta su actual dimensión social y territorial. Aplicado a la minería argentina, sostiene que transformar recursos geológicos en ingresos públicos exige más que geología, precios y capital: requiere licencia social para operar. El conflicto territorial es un riesgo financiero capaz de interrumpir operaciones, retrasar el punto de equilibrio, reducir el valor actual neto y la tasa interna de retorno y, en consecuencia, erosionar regalías, impuestos y presupuestos provinciales. La principal tensión del federalismo minero surge cuando los impactos ambientales y sociales se concentran en las comunidades, mientras los beneficios fiscales se distribuyen fuera del territorio productor. Las comunidades evalúan el aporte macroeconómico, pero también la cercanía y visibilidad de los beneficios, la justicia distributiva y la transparencia en el uso de los fondos. La brecha entre aporte económico real y percepción local debilita la legitimidad. En el NOA, la demanda comienza a desplazarse desde las empresas hacia la responsabilidad estatal por distribuir y visibilizar la renta minera. El desafío es integrar ética, desarrollo humano, gestión transversal y participación comunitaria para convertir esa renta en confianza y desarrollo territorial.